Declaración Conjunta del III Encuentro Economía y Sociedad
Barcelona, 19 de junio de 2008

UN MAYOR COMPROMISO CIUDADANO CON UNADEMOCRACIA REFORZADA
Propuestas para el debate

Los Encuentros Economía y Sociedad, organizados por Asociación Valenciana de Empresarios, Cercle d’Economia de Mallorca, Círculo de Economía, Círculo de Empresarios, Círculo de Empresarios Vascos, Club Financiero Vigo y Observatorio Económico de Andalucía, tienen como objetivo primordial contribuir al fortalecimiento del sistema democrático, la modernización de las instituciones, y la mejora de la competitividad de nuestra economía, como bases de una sociedad justa.

La experiencia del período de acelerada globalización que vivimos desde hace casi dos décadas, nos muestra claramente cómo el progreso de las naciones requiere del dinamismo y de la ambición del sector empresarial y de unas políticas públicas eficientes. Si en los inicios de dicho proceso de globalización, numerosas voces auguraban la pérdida de importancia de la acción pública como factor de competitividad, la realidad de los hechos ha mostrado lo erróneo de dicha afirmación.

El  protagonismo de la política pública puede parecer más difuso, pero no por ello menos trascendente. Así, adquiere especial relevancia disponer de un espacio público eficiente, en el que los partidos políticos y el Parlamento se constituyan en su eje vertebrador, pero con un papel complementario del conjunto de la sociedad civil.

En los anteriores Encuentros, hemos dado a conocer nuestro punto de vista acerca de carencias manifiestas que se dan de manera recurrente en nuestra vida pública y que, de no enmendarse, pueden lastrar seriamente nuestro desarrollo económico y social.

En nuestra primera declaración conjunta Estado, Política y Sociedad Civil correspondiente al I Encuentro Economía y Sociedad, nos referíamos al excesivo protagonismo de los partidos en el espacio público, una dinámica que comporta efectos claramente negativos, como los siguientes:

En primer lugar, al ocupar un espacio en instituciones y organismos públicos que debería corresponder a profesionales de la Administración, se favorece una visión de la acción pública a corto plazo y con prioridades vinculadas a las necesidades y exigencias de los respectivos partidos.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se dificulta  la coherencia y continuidad de las políticas básicas, aquéllas cuyo desarrollo requiere una estabilidad que perdure más allá de una legislatura. Además, son políticas que nacen lastradas, al no contar con un mínimo acuerdo compartido por los principales partidos, por lo que están sujetas a modificaciones radicales cuando se produce una alternancia en el Gobierno.

Finalmente, se desplaza al conjunto de entidades privadas que, con sus aportaciones, complementan el papel central de los partidos, enriquecen el debate, aumentan la eficacia de las políticas y facilitan la incorporación de la ciudadanía a los asuntos colectivos.

La segunda declaración conjunta El fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil en España: Una necesidad improrrogable, fruto del II Encuentro Economía y Sociedad, con una clara vocación autocrítica, manifestaba cómo, en muchas ocasiones, las instituciones privadas también somos responsables de que el poder político ocupe más espacio público del que le corresponde. A menudo nos limitamos a manifestar nuestras opiniones y propuestas en privado y lo hacemos en público solo cuando se sabe que se contará con la aquiescencia de los responsables políticos. Afortunadamente, esta tendencia empieza a modificarse.

Tras haber advertido de unas dinámicas negativas, nos corresponde ahora, en la medida de lo posible, elaborar propuestas de solución o, por lo menos, reclamar y favorecer un amplio debate social y político sobre las cuestiones que nos preocupan. Este es el objetivo fundamental de este nuevo Encuentro.

Convencidos de que el desapego de la ciudadanía respecto a la vida política es creciente, y de manera sensible entre las generaciones más jóvenes, resulta indispensable abrir un amplio debate acerca de sus causas, y de los remedios que deben aplicarse.

Ésta es una dinámica que afecta al conjunto de países democráticos. En el caso de España, se ha visto agravada en años recientes por un enfrentamiento agresivo entre posturas políticas y por un estilo de comunicación que convierte las discrepancias legítimas en descalificaciones sin matices y en ataques personales.

Todo ello ha redundado en un mayor descrédito de las instituciones y de sus titulares. Ha generado un clima de opinión que, entre otras consecuencias, aleja de la vida política y de la función pública a jóvenes muy capacitados y a personas de más edad con experiencia, todos ellos con vocación por los asuntos colectivos pero en absoluto dispuestos a asumir ni  los comportamientos de          los partidos, ni las limitaciones que la función pública ofrece a sus carreras profesionales, al ver cómo, en muchas ocasiones, los altos puestos de responsabilidad son ocupados por personas cuyos méritos predominantes son las afinidades de partido. Somos conscientes de que no existen soluciones sencillas y de efectos inmediatos. Las soluciones vendrán de una combinación de medidas concretas, de modificaciones en los procedimientos, y de un cambio en la manera de entender y ejercitar la política.

Pero también estamos convencidos de que la responsabilidad de emprender este camino de reformas no puede cederse totalmente a la propia clase política, por la tendencia natural de cualquier colectivo a la no modificación de su statu quo y, también, porque no podemos obviar la parte de responsabilidad que nos corresponde, como hemos venido haciendo durante tantos años.

Por ello, con el fin de contribuir a mejorar nuestra vida democrática y favorecer un mayor compromiso ciudadano con la vida pública en España, nos dirigimos al conjunto de partidos políticos, organizaciones sociales y económicas, medios de comunicación y otras instituciones públicas y privadas para iniciar un amplio debate sobre estas cuestiones. Un debate en el que consideramos debería analizarse la posible conveniencia de las siguientes medidas:

1.- En el ámbito educativo: Favorecer en el alumnado, durante su período de enseñanza obligatoria, un mayor conocimiento del sistema institucional, de las dinámicas propias de una democracia avanzada y de los valores sociales –interés por el bien común, respeto por las personas, disposición al diálogo-  que la sustentan.

2.- En el ámbito de los partidos: Asegurar la publicidad y la participación de afiliados y simpatizantes en los procesos internos de decisión y de selección de candidatos; efectuar auditorias externas de los partidos que perciben subvenciones públicas, con aún mayor celeridad y rigor de los que se aplican a las empresas; establecer un sistema de exigencia de responsabilidades a los administradores en caso de detección de irregularidades.

3.- En el ámbito de las instituciones representativas: Estudiar la conveniencia de prolongar a cinco años la duración de las legislaturas en todos sus niveles (estatal, autonómico, municipal), atenuando así la “paralización” ejecutiva que comportan las campañas electorales, el inicio de una nueva Administración y la incidencia de las convocatorias de otros procesos electorales; paralelamente, considerar la posibilidad de regular una limitación de los mandatos.

4.- En el ámbito de la participación ciudadana: Establecer mecanismos que puedan articular una mayor participación ciudadana en determinadas políticas y actuaciones públicas, que respondan así a la creciente demanda social en este sentido; ampliar y flexibilizar los horarios de las consultas electorales, atendiendo a los nuevos hábitos sociales y a las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías.

5.- En el ámbito de las decisiones administrativas: Asegurar el derecho efectivo de la ciudadanía a un acceso rápido a la información administrativa disponible, salvaguardando las exigencias del derecho a la privacidad establecidas por la ley; garantizar la existencia de motivación adecuada en todas las resoluciones administrativas que afectan a los ciudadanos y a las empresas; incorporar la exigencia de evaluación pública independiente sobre el rendimiento y el impacto de los programas desarrollados por las administraciones públicas.

6.- En el ámbito de la función pública: Establecer las características y las atribuciones de una función pública directiva que profesionalice el acceso a los niveles superiores de la Administración, con garantías de idoneidad y experiencia y con retribuciones competitivas con las ofrecidas por otros sectores.

7.- En el ámbito del acceso a puestos de máxima responsabilidad en organismos e instituciones públicas: Desarrollar comparecencias ante una comisión parlamentaria que valore la capacitación y experiencia de las personas propuestas; favorecer una homologación salarial equiparable a posiciones alternativas en otros ámbitos.

Después  de treinta años de vida en democracia, analizar las cuestiones que se apuntan y, en su caso, abordar la reforma de alguna de las mismas, u otras no señaladas, debe interpretarse como un ejercicio de plena normalidad democrática. La sociedad española ha incorporado el cambio de manera natural, como corresponde a una sociedad abierta. Y la legislación, dotada de la suficiente estabilidad, debe ser también capaz de responder a las exigencias de cada momento.

La experiencia de nuestra vida en democracia nos ha mostrado carencias ante las que no sirve el inmovilismo ni la comodidad de ceder toda la responsabilidad a los poderes públicos. Ni tampoco creer que modificaciones legislativas pueden resultar por si solas una solución efectiva y permanente. No podemos dejar de apelar al mayor de los compromisos de todos los colectivos con protagonismo en nuestra vida colectiva, no sólo la política sino también los medios de comunicación y las instituciones sociales y económicas, por comprometerse decididamente en este proyecto común de mejora de nuestra democracia.