III Encuentro Economía y Sociedad

Declaración Conjunta del III Encuentro Economía y Sociedad
Barcelona, 19 de junio de 2008

UN MAYOR COMPROMISO CIUDADANO CON UNADEMOCRACIA REFORZADA
Propuestas para el debate

Los Encuentros Economía y Sociedad, organizados por Asociación Valenciana de Empresarios, Cercle d’Economia de Mallorca, Círculo de Economía, Círculo de Empresarios, Círculo de Empresarios Vascos, Club Financiero Vigo y Observatorio Económico de Andalucía, tienen como objetivo primordial contribuir al fortalecimiento del sistema democrático, la modernización de las instituciones, y la mejora de la competitividad de nuestra economía, como bases de una sociedad justa.

La experiencia del período de acelerada globalización que vivimos desde hace casi dos décadas, nos muestra claramente cómo el progreso de las naciones requiere del dinamismo y de la ambición del sector empresarial y de unas políticas públicas eficientes. Si en los inicios de dicho proceso de globalización, numerosas voces auguraban la pérdida de importancia de la acción pública como factor de competitividad, la realidad de los hechos ha mostrado lo erróneo de dicha afirmación.

El  protagonismo de la política pública puede parecer más difuso, pero no por ello menos trascendente. Así, adquiere especial relevancia disponer de un espacio público eficiente, en el que los partidos políticos y el Parlamento se constituyan en su eje vertebrador, pero con un papel complementario del conjunto de la sociedad civil.

En los anteriores Encuentros, hemos dado a conocer nuestro punto de vista acerca de carencias manifiestas que se dan de manera recurrente en nuestra vida pública y que, de no enmendarse, pueden lastrar seriamente nuestro desarrollo económico y social.

En nuestra primera declaración conjunta Estado, Política y Sociedad Civil correspondiente al I Encuentro Economía y Sociedad, nos referíamos al excesivo protagonismo de los partidos en el espacio público, una dinámica que comporta efectos claramente negativos, como los siguientes:

En primer lugar, al ocupar un espacio en instituciones y organismos públicos que debería corresponder a profesionales de la Administración, se favorece una visión de la acción pública a corto plazo y con prioridades vinculadas a las necesidades y exigencias de los respectivos partidos.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se dificulta  la coherencia y continuidad de las políticas básicas, aquéllas cuyo desarrollo requiere una estabilidad que perdure más allá de una legislatura. Además, son políticas que nacen lastradas, al no contar con un mínimo acuerdo compartido por los principales partidos, por lo que están sujetas a modificaciones radicales cuando se produce una alternancia en el Gobierno.

Finalmente, se desplaza al conjunto de entidades privadas que, con sus aportaciones, complementan el papel central de los partidos, enriquecen el debate, aumentan la eficacia de las políticas y facilitan la incorporación de la ciudadanía a los asuntos colectivos.

La segunda declaración conjunta El fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil en España: Una necesidad improrrogable, fruto del II Encuentro Economía y Sociedad, con una clara vocación autocrítica, manifestaba cómo, en muchas ocasiones, las instituciones privadas también somos responsables de que el poder político ocupe más espacio público del que le corresponde. A menudo nos limitamos a manifestar nuestras opiniones y propuestas en privado y lo hacemos en público solo cuando se sabe que se contará con la aquiescencia de los responsables políticos. Afortunadamente, esta tendencia empieza a modificarse.

Tras haber advertido de unas dinámicas negativas, nos corresponde ahora, en la medida de lo posible, elaborar propuestas de solución o, por lo menos, reclamar y favorecer un amplio debate social y político sobre las cuestiones que nos preocupan. Este es el objetivo fundamental de este nuevo Encuentro.

Convencidos de que el desapego de la ciudadanía respecto a la vida política es creciente, y de manera sensible entre las generaciones más jóvenes, resulta indispensable abrir un amplio debate acerca de sus causas, y de los remedios que deben aplicarse.

Ésta es una dinámica que afecta al conjunto de países democráticos. En el caso de España, se ha visto agravada en años recientes por un enfrentamiento agresivo entre posturas políticas y por un estilo de comunicación que convierte las discrepancias legítimas en descalificaciones sin matices y en ataques personales.

Todo ello ha redundado en un mayor descrédito de las instituciones y de sus titulares. Ha generado un clima de opinión que, entre otras consecuencias, aleja de la vida política y de la función pública a jóvenes muy capacitados y a personas de más edad con experiencia, todos ellos con vocación por los asuntos colectivos pero en absoluto dispuestos a asumir ni  los comportamientos de          los partidos, ni las limitaciones que la función pública ofrece a sus carreras profesionales, al ver cómo, en muchas ocasiones, los altos puestos de responsabilidad son ocupados por personas cuyos méritos predominantes son las afinidades de partido. Somos conscientes de que no existen soluciones sencillas y de efectos inmediatos. Las soluciones vendrán de una combinación de medidas concretas, de modificaciones en los procedimientos, y de un cambio en la manera de entender y ejercitar la política.

Pero también estamos convencidos de que la responsabilidad de emprender este camino de reformas no puede cederse totalmente a la propia clase política, por la tendencia natural de cualquier colectivo a la no modificación de su statu quo y, también, porque no podemos obviar la parte de responsabilidad que nos corresponde, como hemos venido haciendo durante tantos años.

Por ello, con el fin de contribuir a mejorar nuestra vida democrática y favorecer un mayor compromiso ciudadano con la vida pública en España, nos dirigimos al conjunto de partidos políticos, organizaciones sociales y económicas, medios de comunicación y otras instituciones públicas y privadas para iniciar un amplio debate sobre estas cuestiones. Un debate en el que consideramos debería analizarse la posible conveniencia de las siguientes medidas:

1.- En el ámbito educativo: Favorecer en el alumnado, durante su período de enseñanza obligatoria, un mayor conocimiento del sistema institucional, de las dinámicas propias de una democracia avanzada y de los valores sociales –interés por el bien común, respeto por las personas, disposición al diálogo-  que la sustentan.

2.- En el ámbito de los partidos: Asegurar la publicidad y la participación de afiliados y simpatizantes en los procesos internos de decisión y de selección de candidatos; efectuar auditorias externas de los partidos que perciben subvenciones públicas, con aún mayor celeridad y rigor de los que se aplican a las empresas; establecer un sistema de exigencia de responsabilidades a los administradores en caso de detección de irregularidades.

3.- En el ámbito de las instituciones representativas: Estudiar la conveniencia de prolongar a cinco años la duración de las legislaturas en todos sus niveles (estatal, autonómico, municipal), atenuando así la “paralización” ejecutiva que comportan las campañas electorales, el inicio de una nueva Administración y la incidencia de las convocatorias de otros procesos electorales; paralelamente, considerar la posibilidad de regular una limitación de los mandatos.

4.- En el ámbito de la participación ciudadana: Establecer mecanismos que puedan articular una mayor participación ciudadana en determinadas políticas y actuaciones públicas, que respondan así a la creciente demanda social en este sentido; ampliar y flexibilizar los horarios de las consultas electorales, atendiendo a los nuevos hábitos sociales y a las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías.

5.- En el ámbito de las decisiones administrativas: Asegurar el derecho efectivo de la ciudadanía a un acceso rápido a la información administrativa disponible, salvaguardando las exigencias del derecho a la privacidad establecidas por la ley; garantizar la existencia de motivación adecuada en todas las resoluciones administrativas que afectan a los ciudadanos y a las empresas; incorporar la exigencia de evaluación pública independiente sobre el rendimiento y el impacto de los programas desarrollados por las administraciones públicas.

6.- En el ámbito de la función pública: Establecer las características y las atribuciones de una función pública directiva que profesionalice el acceso a los niveles superiores de la Administración, con garantías de idoneidad y experiencia y con retribuciones competitivas con las ofrecidas por otros sectores.

7.- En el ámbito del acceso a puestos de máxima responsabilidad en organismos e instituciones públicas: Desarrollar comparecencias ante una comisión parlamentaria que valore la capacitación y experiencia de las personas propuestas; favorecer una homologación salarial equiparable a posiciones alternativas en otros ámbitos.

Después  de treinta años de vida en democracia, analizar las cuestiones que se apuntan y, en su caso, abordar la reforma de alguna de las mismas, u otras no señaladas, debe interpretarse como un ejercicio de plena normalidad democrática. La sociedad española ha incorporado el cambio de manera natural, como corresponde a una sociedad abierta. Y la legislación, dotada de la suficiente estabilidad, debe ser también capaz de responder a las exigencias de cada momento.

La experiencia de nuestra vida en democracia nos ha mostrado carencias ante las que no sirve el inmovilismo ni la comodidad de ceder toda la responsabilidad a los poderes públicos. Ni tampoco creer que modificaciones legislativas pueden resultar por si solas una solución efectiva y permanente. No podemos dejar de apelar al mayor de los compromisos de todos los colectivos con protagonismo en nuestra vida colectiva, no sólo la política sino también los medios de comunicación y las instituciones sociales y económicas, por comprometerse decididamente en este proyecto común de mejora de nuestra democracia.

II Encuentro Economía y Sociedad

“El fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil en España:Una necesidad improrrogable”

Asociación Valenciana de Empresarios
Círculo de Economía
Círculo de Empresarios
Círculo de Empresarios Vascos
Club Financiero Vigo
Observatorio Económico de Andalucía

El fortalecimiento de la sociedad civil es un elemento esencial para el desarrollo de la calidad del sistema democrático en España.

En la declaración emitida el año pasado por nuestras asociaciones, criticábamos la vocación intervencionista del poder político-administrativo en los ámbitos de la actividad social, en parte por dejación de la sociedad civil, vocación que impide profundizar en la mejora del sistema democrático y en el logro de mayores niveles de bienestar para la sociedad.

Este año hacemos hincapié en el deber que tiene la sociedad civil de crear y utilizar sus instituciones para contribuir a la consecución de los objetivos antes mencionados.

En las naciones más democráticas, la representatividad política plena mediante una creciente participación ciudadana, los medios de comunicación libres y una  sociedad civil bien organizada, constituyen los pilares sobre los que se sostiene el sistema social.

 Las diversas entidades de la sociedad civil tienen la responsabilidad de contribuir a consolidar las instituciones democráticas, promover la mejora de la actuación pública, particularmente en lo que concierne a los movimientos descentralizadores de la administración y de otras decisiones políticas, así como de contribuir a la acción gubernamental, en las esferas interior e internacional.

Los países anglosajones constituyen buenos ejemplos de sociedades civiles sólidas. Sin embargo, en la mayoría de los países de Europa meridional, incluida España, a pesar de contar con un rico tejido de instituciones tradicionales a lo largo de su historia, existe una más frágil y corta tradición democrática. Esto se traduce en que no haya sido posible el desarrollo de instituciones propias de la sociedad civil tal como las entendemos hoy día y en la misma medida que en aquellos otros países.

La falta en España de una cultura favorable al desarrollo de una sociedad civil queda perfectamente reflejada en los resultados de la encuesta World Values Survey (oleada 1999-2004) según la cual, mientras que en España sólo un 3,5% de los encuestados responde taxativamente que los individuos deberían asumir más responsabilidad en la resolución de los problemas que les afectan, un 19% considera que es el gobierno quien debe hacerlo. En cambio, esos porcentajes se invierten en países como EEUU (18,7% frente a 7,4%), Gran Bretaña (13% frente a 3,1%) e Irlanda (16,1% frente a 4,7%).

Uno de los aspectos en los que se pone particularmente de manifiesto esa falta de tradición en nuestro país, es la escasez de centros de pensamiento independientes con vocación de influir en la vida pública. Esta carencia de convicción en la corresponsabilidad social y política de la sociedad civil es en parte responsable de la fuerza expansiva del poder político.

Por otra parte, podemos observar que, en ocasiones, la participación de las instituciones de la sociedad civil en la cosa pública está condicionada por las Administraciones, otorgando a algunas una representatividad que no se corresponde con su realidad, o rechazando la  representatividad de otras más legitimadas. Las subvenciones a las instituciones de la sociedad civil generan clientelismo y propician que esas instituciones terminen dependiendo de los favores del poder político, en lugar de ejercer influencia sobre él.

Solamente con un amplio apoyo de la sociedad civil, puede el poder político acometer los grandes retos que tiene planteados la sociedad española. Para ello, ha de buscarse el equilibrio en el ejercicio del poder político, la estabilidad en las instituciones públicas, la maduración de la conciencia ciudadana y el desarrollo de las entidades de la sociedad civil. A fin de lograr estos objetivos irrenunciables, resulta crucial favorecer el desarrollo de plataformas civiles de encuentro, que induzcan al diálogo y hagan posible el entendimiento, consiguiendo así los más amplios acuerdos sociales. En este ámbito, nuestras organizaciones están asumiendo, desde hace muchos años, la responsabilidad de contribuir al progreso económico, político y social de España.

Se trata, en definitiva, de hacer un llamamiento para que la sociedad civil, por medio de sus instituciones, participe en los procesos de consulta, decisión, gestión y control de las políticas públicas. Para ello es preciso superar la desconfianza y el desinterés que han venido manteniendo -tanto las instituciones políticas como los diversos agentes de la sociedad civil- respecto a la capacidad de estos últimos de actuar y participar en la cosa pública, aprovechando las oportunidades y el potencial que esto supondría para la mejora de la calidad del sistema democrático en España.

Documentos:

Declaración Conjunta II Ecnuentro

I Encuentro Economía y Sociedad “Estado, Política y Sociedad Civil”

AVE, El Círculo de Economía, el Círculo de Empresarios, el Círculo de Empresarios Vascos, el Club Financiero de Vigo y el Observatorio Económico de Andalucía que agrupan a un considerable número de empresarios, directivos, académicos y, en general, a personas y entidades vinculadas directamente con la actividad económica y social de las empresas, han considerado oportuno celebrar periódicamente reuniones de debate sobre, especialmente, la situación económica e institucional de España, con el ánimo de contribuir a su desarrollo y progreso.

Con este objetivo, además de intercambiar opiniones, criterios y, en su caso, formular propuestas, se ha considerado conveniente que cada una de estas reuniones se defina alrededor de una cuestión de especial relevancia, sobre la cual emitir una Opinión compartida por las seis entidades.

Con esta iniciativa se pretende alcanzar un posicionamiento común sobre el asunto seleccionado y, al mismo tiempo, consolidar y evidenciar la cada vez más necesaria vertebración entre las instituciones privadas. Una vertebración que pretende contribuir a la riqueza de la vida institucional española, en ocasiones demasiado dependiente de un poder político con tendencia a ocupar parcelas que, en nuestra opinión, no siempre le son propias.

Precisamente en esta línea, la cuestión que centra este I Encuentro es el papel de la sociedad civil ante la politización de las instituciones públicas y de los altos cuadros de la Administración. Ello por cuanto consideramos que la composición de buena parte de las instituciones, así como de los altos cuadros de la Administración, está excesivamente sujeta a la coyuntura política.

Como resultado de ello, las instituciones están subordinadas, en buena medida, a los equilibrios políticos derivados de cada proceso electoral y, a menudo, también a equilibrios internos que se dan en su propio seno, lo que produce distorsiones en su funcionamiento y, en no pocas ocasiones, decisiones alejadas del interés colectivo o general. Si bien esta dinámica es especialmente acusada y visible en instituciones tan básicas para el funcionamiento de nuestra vida económica como son los organismos reguladores, también afecta a importantes instituciones de ámbitos muy diversos. Todo ello conforma un marco institucional que no incorpora la independencia, equidad y eficiencia que requiere un país avanzado como el nuestro.

Asimismo, los partidos políticos tienden a ocupar el mayor número posible de cargos ejecutivos en la Administración, en detrimento de la profesionalización de ésta. Ello redunda en una falta de motivación para los profesionales de la Administración y en una disminución de su capacidad para atraer a la función pública a los jóvenes mejor preparados.

Estos comportamientos, que vienen desarrollando el conjunto de partidos políticos y a todos los niveles de la Administración, conllevan, asimismo, un debilitamiento de las organizaciones intermedias y una marginación de las instancias civiles. De este modo, la deseable racionalidad en la organización de las Administraciones Públicas y  la eficacia del tejido asociativo civil tienden a verse intensa y negativamente afectadas.

Una de las consecuencias más graves de estas disfunciones es la dificultad para planificar a  largo plazo, así como para alcanzar, en determinados supuestos, acuerdos globales sobre cuestiones de Estado. En ambos casos se requiere una visión cuyo alcance debe ir mucho más allá de los meros calendarios políticos electorales.

Entre los ámbitos donde se manifiesta un claro exceso de politización, acompañado de una innecesaria tensión social, cabe señalar la educación, la sanidad, las infraestructuras, la política exterior, y las políticas energética y de recursos hídricos. En cuestiones tan vitales y que requieren un compromiso a largo plazo, la racionalidad económica y la efectividad de la actuación pública se ven afectadas al quedar a merced de posiciones que varían sustancialmente en función del partido gobernante. Son precisos  una negociación sosegada y el consenso sobre objetivos prioritarios, que sean respetados más allá de los resultados electorales.

Nos preocupa también la sobreactuación que se observa en los líderes políticos, y que evidencia el olvido de la negociación basada en la transacción y en el consenso que rigió los años de la transición. El actual clima de aspereza y tensión política parece inspirado en un modelo de relación según el cual cada uno de los actores sólo puede ganar lo que su interlocutor pierde. Esta dinámica confunde las negociaciones sobre los diferentes ámbitos de la vida  social, económica o cultural con las contiendas electorales por el poder.

El riesgo de la situación actual es olvidar esa cultura democrática, precisamente cuando más necesario resulta su arraigo en las instituciones, sobre todo de cara a su transmisión a las nuevas generaciones.

Para lograr la prosperidad material y social se requieren Estados de Derecho democráticos y eficientes, así como una sociedad civil comprometida con el bienestar general. El Estado debe favorecer el surgimiento y desarrollo de actores civiles en la sociedad, pues sólo donde la democracia está escasamente institucionalizada, el Estado tiende a sobrepasar los lógicos límites de su actuación y a reducir el espacio de la sociedad civil, cuyo papel ve con reticencia.

Asimismo, es necesaria una sociedad civil que sea capaz de asumir, en cualquier circunstancia, el papel que le corresponde. Debe aquí reconocerse que, en ocasiones, las propias entidades más representativas de la sociedad civil son las que se han autolimitado en sus ambiciones, manifestando una actitud de excesiva condescendencia con el poder político. Una actitud que podía tener su sentido en los primeros años de la transición democrática, cuando la apuesta común era reforzar a los partidos políticos, ejes esenciales de la vida democrática. Pero, transcurridos ya más de 25 años de vida en democracia, es necesario un nuevo equilibrio de espacios en la esfera pública.

En la actualidad es especialmente necesario que los partidos políticos sepan ejercer ese papel fundamental, pero manteniéndose escrupulosamente dentro de los límites que les impone la cultura democrática. Un papel que debe verse enriquecido gracias a la complejidad y el grado de diferenciación de las organizaciones civiles. Una mayor participación de los ciudadanos en ellas es el soporte más sólido de la vida democrática y la mejor expresión de su riqueza.

En este contexto, es indispensable que las organizaciones civiles sean capaces de crear un espacio propio,  ya que sus redes cubren todo el país y han comenzado a dejar oír su voz, en muchos casos bien acreditada por sus logros. En una sociedad como la española, que tiene entre sus principales objetivos la creación de empleo y la superación del diferencial de renta con los países más avanzados de Europa, así como la cohesión territorial, a las instituciones civiles del mundo económico y empresarial les corresponde un papel destacado e insustituible.

Las discusiones de este I Encuentro y las conclusiones que hemos señalado en esta Opinión son muestra de la voluntad conjunta de las entidades convocantes para asumir una mayor responsabilidad y compromiso, en la necesaria modernización y redefinición de un entorno institucional que sirva de marco básico de referencia para nuestro desarrollo social y crecimiento económico.