La Aplicación del Protocolo de Kioto a la Industria Cerámica …
Autor: Francisco Pons Alcoy
Fecha: 8 de febrero de 2004Medio: Levante EMV
LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE KIOTO A LA INDUSTRIA CERÁMICA DEBE HACERSE CON EQUIDAD Y RACIONALIDAD
El compromiso de la Unión Europea con el Protocolo de Kioto para la reducción de los gases de efecto invernadero es un acto digno de elogio y que merece todo nuestro apoyo, ya que supone un importante compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, durante el periodo 2008-2012, con respecto a los niveles existentes en 1990. Es por esto que hay que felicitarse por la valiente y consistente defensa que el Gobierno de la Generalitat Valenciana, a propuesta de la Conselleria de Territorio y Vivienda, ha hecho del sector de la cerámica, uno de los principales afectados por la política de reducción drástica de emisiones.
A grandes rasgos, para reducir las emisiones se arbitra un sistema por el que, por un lado, se establecen unas cuotas de generación de emisiones y, en función de esas cuotas, se conceden permisos de emisión (esto es, derecho a emitir un determinado volumen de emisiones) a las empresas y, por otro, se crea un mercado de compra-venta de dichos derechos, de tal suerte que las empresas que excedan de su cuota (que emitan más emisiones de las asignadas) se vean obligadas a comprar permisos a las que tengan excedentes, pagando el correspondiente precio, incurriendo, de lo contrario, en serias penalizaciones. Este mecanismo, que trata de incentivar la introducción de técnicas medioambientalmente más eficientes, brinda a las empresas la posibilidad de optar entre invertir en técnicas menos contaminantes o pagar por el hecho de contaminar más.
La clave, pues, está en la cuotas de generación de emisiones que se asignarán a cada sector, que, de no realizarse equitativa y racionalmente puede llevar a serias injusticias y agravios comparativos, con peligrosos efectos económicos y medioambientales.
Un sector que puede verse especialmente afectado por una asignación de cuotas no planteada de forma equitativa y racional es el cerámico de Castellón, teniendo en cuenta que (i) la industria cerámica ha realizado enormes esfuerzos para la mejora tecnológica en el ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero, con anterioridad al año 1990, (ii) que el cerámico es un sector marcadamente exportador y (iii) que de su evolución depende la suerte de todo un espacio que hasta hoy se ha mostrado como uno de los más dinámicos de España, tanto económica y tecnológicamente.
Muestra de la realidad de la mejora tecnológica de la industria cerámica de Castellón, es que ya antes de 1990 se había conseguido una sensible reducción en la generación de dióxido de carbono por unidad de producto y que, entre los años 1985 y 2000, las emisiones específicas del sector, por unidad de producto, se redujeron en más del 50%. Es sabido que, aún aplicando la tecnología más avanzada (que está siendo aplicada), al actual nivel de conocimientos, resulta muy difícil conseguir mayores recortes en las emisiones del sector cerámico.
Si no se valora a la hora de determinar las cuotas, que el sector cerámico, ya había hecho sus deberes antes de 1990 (considerado como año referente para determinar el objetivo de la política de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero), no sólo se cometerá una injusticia y un agravio comparativo injustificable, sino que se infringirá un serio castigo económico al sector y a la Provincia que más se han esforzado tecnológicamente, con las consiguientes pérdidas de producción y empleo que ello podría suponer. Pero es que, además, dado el carácter marcadamente exportador del sector cerámico, una asignación no racional o equitativa podría dar lugar a que el mercado decidiera desplazar la producción a países que no han asumido el Protocolo de Kioto y que son mucho menos exigentes en materia medioambiental. De esta forma no sólo el problema medioambiental generado a nivel global por la industria cerámica no se reduciría, sino que se agravaría.
Sin perjuicio de que la sociedad valenciana y la española deben apostar seriamente por el desarrollo sostenible como único proceso que garantiza un futuro cierto y el bienestar de nuestros hijos y nietos, compartimos la preocupación del Gobierno valenciano con respecto a la forma en cómo se gestionen las políticas medioambientales, que no sólo deben ser eficaces medioambientalmente, sino eficientes económicamente y socialmente justas. Cometeríamos un serio error desde el punto de vista económico, medioambiental, social y moral, si los responsables de la asignación de las cuotas de emisiones no tuvieran en cuenta las mejoras ya realizadas por cada sector, el potencial tecnológico de mejora en la eco-eficiencia que cada uno posee y los mercados a los que van destinados sus productos.
