Infraestructuras Básicas, Tiempos de Ejecución, Competitividad y Responsabilidad Política

Los empresarios tenemos muy claro que cuando un negocio o proyecto promete una alta tasa de rentabilidad, hay que hacer lo posible para conseguir los recursos necesarios para ponerlo en marcha, bien sea con medios propios, apelando al crédito o buscando socios. También tenemos muy claro que el tiempo es muy importante, de tal forma que cuanto más retrasemos la decisión y la puesta en explotación del negocio, más dejamos de ganar y mayor es la probabilidad de que otros nos “pisen” la idea. Esto es fundamental porque la inversión y la innovación son la base de la continuidad y crecimiento de nuestras empresas y lo que explica la creación de riqueza y el mantenimiento de nuestra posición competitiva. Es nuestra responsabilidad social y nuestra razón de ser.

Pero lo que es aplicable al mundo de los negocios privados también lo es al de los negocios públicos. Sobre todo porque muchas veces las oportunidades y éxitos privados dependen del acierto publico en crear el marco infraestructural e institucional y el estado de confianza que eleven la creatividad y competencias de los territorios. Y en este ámbito también los tiempos son decisivos.

La responsabilidad del político no está sólo en lo que hace, sino también en cómo lo hace y cuándo. No basta con aprobar proyectos necesarios. Para que sean realmente útiles para el desarrollo y la competitividad del país, región o municipio, es fundamental que estén funcionando cuando son necesarios, cuando más pueden influir en la posición competitiva y el desarrollo futuro del espacio en cuestión. La responsabilidad del actor público no acaba cuando decide llevar a cabo un proyecto necesario, entonces simplemente hace una promesa. Su responsabilidad realmente se ejerce cuando lo ha llevado a cabo en tiempo y forma. Y sólo cuando es responsable contribuye al desarrollo y creación de riqueza.

El gobierno de la nación tiene comprometidas la ejecución de infraestructuras vitales para la competitividad y desarrollo futuro de la Comunidad Valenciana en las que el cómo y el cuándo se ejecuten devienen decisivos para los resultados que se consigan. Se trata del Tren de Alta Velocidad, del Corredor Mediterráneo, del Acceso Norte al Puerto de Valencia, del Trasvase del Ebro, etc.. Son proyectos aprobados pero cuya ejecución se está dilatando y cuyo tiempo de finalización es absolutamente incierto. Cuando lo que se está jugando son importantes oportunidades de futuro para esta Comunidad y España, y algunas zonas y actividades pueden experimentar serias pérdidas por los retrasos, es lógico pedir a los responsables públicos un ejercicio de responsabilidad.

Lo que está en juego con el Tren de Alta Velocidad Madrid-Comunidad Valenciana no son sólo los ingresos que dejan de generarse por cada año de retraso, y que responsables de la Conselleria de Obras Públicas, muy conservadoramente, estimaban hace algunos años en más de cien mil millones de las antiguas pesetas. Lo más importante es que el gran evento de la Copa América del 2007 hace de esta infraestructura un factor fundamental de promoción de la Comunidad Valenciana y de una parte muy significativa de nuestro país (Madrid y Castilla-La Mancha). Y lo mismo ocurre con el Corredor Mediterráneo y las regiones contiguas del Arco Mediterráneo. Sin olvidar la función estratégica de esta infraestructura en la creación de una poderosa Red Metropolitana Global en el sur de Europa, de decisiva importancia para el desarrollo económico nacional en la era de la globalización.

Es mucho lo que está en juego para que aún se este especulando sobre sí estos proyectos estarán finalizados en el año 2007 o en el 2010. Si, como resulta evidente, este es un proyecto de la máxima importancia para la competitividad y el futuro desarrollo de la Comunidad Valenciana y España, sólo razones de carácter técnico podrían justificar esta imprecisión sobre su finalización. Pero con la experiencia existente sobre el despliegue de este tipo de infraestructura y el conocimiento que ya se tiene del trazado, así como de su impacto medioambiental, resulta al menos dudoso que esta sea la principal razón. Si son razones económico-financieras las que subyacen a la incertidumbre, estaríamos ante un problema difícilmente justificable económica y socialmente. En primer lugar por el valor estratégico del proyecto para la economía regional y nacional; en segundo término por ser esta la línea con más perspectivas de rentabilidad de España, lo que no haría difícil la implicación privada en la construcción y explotación. Si la imprecisión reside en razones administrativas, es hora de cambiar el funcionamiento de la Administración en beneficio de la eficacia de la sociedad.

Si el tiempo es importante, no lo es menos el cómo se haga el proyecto. A ese respecto son de destacar dos cuestiones. La primera en el tipo de velocidad y el trayecto. Para conseguir los beneficios económicos y estratégicos de la alta velocidad en el contexto que nos ocupa, ni el antiguo trayecto por Albacete ni la velocidad máxima de 250 Km/h son aceptables. Sólo la finalización del trayecto por Cuenca y Motilla del Palancar antes del 2007 con velocidades de 350 Km/h son objetivos deseables. Sería frustrante para los valencianos que lo que se nos proporcionase fuese la antigua línea mejorada.

La segunda cuestión a tener en cuenta es que los impactos medioambientales y sociales del proyecto se minimicen. Y las reivindicaciones justificadas de las poblaciones afectadas por el paso del AVE no pueden ni deben ser utilizadas por el Ministro de Fomento como una excusa para explicar los retrasos del proyecto.

El Acceso Norte del puerto de Valencia es otro proyecto prometido por el Estado desde hace tiempo pero cuya realización ha sido continuamente pospuesta. Cuando se tiene en cuenta el rápido crecimiento del flujo de mercancías por el puerto de Valencia y los estrangulamientos y sobre-costes que conlleva la existencia de un solo acceso por el sur, es difícil justificar semejante retraso y mantener la confianza en los responsables del Ministerio de Fomento.

No menos incierto es el Trasvase del Ebro, del que depende el futuro de algunos espacios de la Comunidad Valenciana. La promesa ha adoptado forma de Ley y esto es un acto de responsabilidad política de indiscutible valor. Pero los responsables públicos deben ser conscientes de que para los potenciales beneficiarios este hecho no pasará de ser una promesa hasta que el agua llegue a sus embalses. Y la situación de las zonas sedientas del sur de la Comunidad Valenciana es tal que si no se hace un esfuerzo en minimizar el tiempo de realización, cuando llegue el agua no sea necesaria por la desaparición de los que la necesitaban. Con el agravante de que un proyecto prometido y no ejecutado en tiempo y forma tiende a disuadir de la búsqueda de otras alternativas, que aunque puedan ser más costosas llevarían menos tiempo de ejecución.

Como siempre, la Asociación Valenciana de Empresarios manifiesta sus posturas con voluntad constructiva y ánimo de contribuir a la solución de problemas y aprovechamiento de oportunidades que beneficien a todos. La trascendencia para nuestro futuro de las infraestructuras mencionadas es tal, y la convicción de los valencianos a este respecto es tan profunda, que retrasos inoportunos o injustificables no sólo dañarían seriamente nuestro futuro, sino que minarían uno de nuestros principales capitales: la confianza del pueblo en sus dirigentes.

 

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