I Encuentro Economía y Sociedad “Estado, Política y Sociedad Civil”
AVE, El Círculo de Economía, el Círculo de Empresarios, el Círculo de Empresarios Vascos, el Club Financiero de Vigo y el Observatorio Económico de Andalucía que agrupan a un considerable número de empresarios, directivos, académicos y, en general, a personas y entidades vinculadas directamente con la actividad económica y social de las empresas, han considerado oportuno celebrar periódicamente reuniones de debate sobre, especialmente, la situación económica e institucional de España, con el ánimo de contribuir a su desarrollo y progreso.
Con este objetivo, además de intercambiar opiniones, criterios y, en su caso, formular propuestas, se ha considerado conveniente que cada una de estas reuniones se defina alrededor de una cuestión de especial relevancia, sobre la cual emitir una Opinión compartida por las seis entidades.
Con esta iniciativa se pretende alcanzar un posicionamiento común sobre el asunto seleccionado y, al mismo tiempo, consolidar y evidenciar la cada vez más necesaria vertebración entre las instituciones privadas. Una vertebración que pretende contribuir a la riqueza de la vida institucional española, en ocasiones demasiado dependiente de un poder político con tendencia a ocupar parcelas que, en nuestra opinión, no siempre le son propias.
Precisamente en esta línea, la cuestión que centra este I Encuentro es el papel de la sociedad civil ante la politización de las instituciones públicas y de los altos cuadros de la Administración. Ello por cuanto consideramos que la composición de buena parte de las instituciones, así como de los altos cuadros de la Administración, está excesivamente sujeta a la coyuntura política.
Como resultado de ello, las instituciones están subordinadas, en buena medida, a los equilibrios políticos derivados de cada proceso electoral y, a menudo, también a equilibrios internos que se dan en su propio seno, lo que produce distorsiones en su funcionamiento y, en no pocas ocasiones, decisiones alejadas del interés colectivo o general. Si bien esta dinámica es especialmente acusada y visible en instituciones tan básicas para el funcionamiento de nuestra vida económica como son los organismos reguladores, también afecta a importantes instituciones de ámbitos muy diversos. Todo ello conforma un marco institucional que no incorpora la independencia, equidad y eficiencia que requiere un país avanzado como el nuestro.
Asimismo, los partidos políticos tienden a ocupar el mayor número posible de cargos ejecutivos en la Administración, en detrimento de la profesionalización de ésta. Ello redunda en una falta de motivación para los profesionales de la Administración y en una disminución de su capacidad para atraer a la función pública a los jóvenes mejor preparados.
Estos comportamientos, que vienen desarrollando el conjunto de partidos políticos y a todos los niveles de la Administración, conllevan, asimismo, un debilitamiento de las organizaciones intermedias y una marginación de las instancias civiles. De este modo, la deseable racionalidad en la organización de las Administraciones Públicas y la eficacia del tejido asociativo civil tienden a verse intensa y negativamente afectadas.
Una de las consecuencias más graves de estas disfunciones es la dificultad para planificar a largo plazo, así como para alcanzar, en determinados supuestos, acuerdos globales sobre cuestiones de Estado. En ambos casos se requiere una visión cuyo alcance debe ir mucho más allá de los meros calendarios políticos electorales.
Entre los ámbitos donde se manifiesta un claro exceso de politización, acompañado de una innecesaria tensión social, cabe señalar la educación, la sanidad, las infraestructuras, la política exterior, y las políticas energética y de recursos hídricos. En cuestiones tan vitales y que requieren un compromiso a largo plazo, la racionalidad económica y la efectividad de la actuación pública se ven afectadas al quedar a merced de posiciones que varían sustancialmente en función del partido gobernante. Son precisos una negociación sosegada y el consenso sobre objetivos prioritarios, que sean respetados más allá de los resultados electorales.
Nos preocupa también la sobreactuación que se observa en los líderes políticos, y que evidencia el olvido de la negociación basada en la transacción y en el consenso que rigió los años de la transición. El actual clima de aspereza y tensión política parece inspirado en un modelo de relación según el cual cada uno de los actores sólo puede ganar lo que su interlocutor pierde. Esta dinámica confunde las negociaciones sobre los diferentes ámbitos de la vida social, económica o cultural con las contiendas electorales por el poder.
El riesgo de la situación actual es olvidar esa cultura democrática, precisamente cuando más necesario resulta su arraigo en las instituciones, sobre todo de cara a su transmisión a las nuevas generaciones.
Para lograr la prosperidad material y social se requieren Estados de Derecho democráticos y eficientes, así como una sociedad civil comprometida con el bienestar general. El Estado debe favorecer el surgimiento y desarrollo de actores civiles en la sociedad, pues sólo donde la democracia está escasamente institucionalizada, el Estado tiende a sobrepasar los lógicos límites de su actuación y a reducir el espacio de la sociedad civil, cuyo papel ve con reticencia.
Asimismo, es necesaria una sociedad civil que sea capaz de asumir, en cualquier circunstancia, el papel que le corresponde. Debe aquí reconocerse que, en ocasiones, las propias entidades más representativas de la sociedad civil son las que se han autolimitado en sus ambiciones, manifestando una actitud de excesiva condescendencia con el poder político. Una actitud que podía tener su sentido en los primeros años de la transición democrática, cuando la apuesta común era reforzar a los partidos políticos, ejes esenciales de la vida democrática. Pero, transcurridos ya más de 25 años de vida en democracia, es necesario un nuevo equilibrio de espacios en la esfera pública.
En la actualidad es especialmente necesario que los partidos políticos sepan ejercer ese papel fundamental, pero manteniéndose escrupulosamente dentro de los límites que les impone la cultura democrática. Un papel que debe verse enriquecido gracias a la complejidad y el grado de diferenciación de las organizaciones civiles. Una mayor participación de los ciudadanos en ellas es el soporte más sólido de la vida democrática y la mejor expresión de su riqueza.
En este contexto, es indispensable que las organizaciones civiles sean capaces de crear un espacio propio, ya que sus redes cubren todo el país y han comenzado a dejar oír su voz, en muchos casos bien acreditada por sus logros. En una sociedad como la española, que tiene entre sus principales objetivos la creación de empleo y la superación del diferencial de renta con los países más avanzados de Europa, así como la cohesión territorial, a las instituciones civiles del mundo económico y empresarial les corresponde un papel destacado e insustituible.
Las discusiones de este I Encuentro y las conclusiones que hemos señalado en esta Opinión son muestra de la voluntad conjunta de las entidades convocantes para asumir una mayor responsabilidad y compromiso, en la necesaria modernización y redefinición de un entorno institucional que sirva de marco básico de referencia para nuestro desarrollo social y crecimiento económico.
