Presente y Futuro del Urbanismo Valenciano

 

Hace unas semanas publicábamos un artículo mostrando nuestra preocupación por una serie de acontecimientos que atacaban la línea de flotación de dos actividades fundamentales de nuestra economía: el turismo y la construcción. Concluíamos con la necesidad de un pacto de amplio alcance social y político que eliminase ruidos perjudiciales y que permitiese diseñar un modelo territorial consensuado, con la experiencia que nos da nuestra reciente historia.

 

Eso ocurría días antes de que apareciese el duro informe de los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que lanza serias acusaciones de desorden urbanístico, falta de control público, prácticas dudosas y discriminatorias de concesión de los PAIs y ausencia de seguridad jurídica respecto a los derechos de propiedad del suelo en nuestro país en general y en la Comunidad Valenciana en particular. La gravedad del informe merece algunas consideraciones y no poca reflexión.

 

No debe dejar de decirse que el fenómeno urbanizador es un símbolo de avance y de bienestar generalizado en las sociedades modernas y que, posiblemente, el momento de gran expansión económica y de la construcción que han experimentado España, en general, y la Comunitat Valenciana, en particular, así como la falta de experiencia en la aplicación de la LRAU,  han hecho difícil en nuestra Región un uso tan riguroso como algunos hubieran deseado de una norma que pretendía introducir agilidad en los procesos urbanísticos. Pero de esto a trasladar la imagen de que en España y la Comunitat Valenciana no existe seguridad jurídica en los derechos de propiedad del suelo y que el uso que de él se hace es desordenado y destructivo, media una gran distancia y una absoluta falta de rigor.

 

En primer lugar, porque la existencia de procesos concretos cuestionables no autoriza a generalizar a todo un país o región una mala práctica.

 

En segundo término, porque sin una exhaustiva investigación y sin considerar las razones de todas las partes, en modo alguno puede hacerse un veredicto ajustado a los hechos.

 

Pero lo más grave, son los costes sociales, económicos y morales de un juicio precipitado, superficial e injusto que tan gravemente afecta a la imagen de nuestro territorio.

 

Aunque pueda haber indicios de irregularidad, una Comisión de tan alto organismo como es el Parlamento Europeo no puede emitir un veredicto que cuestiona seriamente la credibilidad, la imagen y el atractivo de un territorio justamente en la era de la globalización, con los efectos que esto tiene para su competitividad. En rigor, lo que esto pone en cuestión no es tanto la situación del urbanismo español y valenciano como las serias deficiencias de funcionamiento de una institución cuyo equilibrio y ponderación debiera estar fuera de duda.

 

Pero el mal está hecho y de poco sirven las lamentaciones. Lo que se impone es mirar la situación con serenidad e introduciendo sentido común en lo que hacemos, porque en ello nos va el futuro. Estamos convencidos de que pese a su ralentización, la construcción seguirá siendo una fuente importante de riqueza y empleo, sustentada tanto en la actividad residencial y turística como en aquellas relacionadas con el desarrollo industrial, comercial y de servicios.

 

Y para que el ritmo sea sólido es necesario contrarrestar los efectos perversos que sobre nuestra imagen urbanística, turística y medioambiental ha generado el informe de dos miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

 

Debemos hacer de la necesidad virtud, demostrando la falsedad de dicha información mediante un comportamiento que, a la vez que crítico con el informe, sea riguroso en la ordenación y gestión del suelo y de los activos medioambientales, de los que tan dotada está nuestra Comunitat. Porque sólo así seremos capaces de generar un desarrollo equilibrado y de calidad, el único que puede permitir incrementar nuestro bienestar.

 

Reiteramos lo ya dicho en el artículo anterior: una vez pasadas las elecciones y formado nuevo gobierno, es necesario que los responsables públicos, los partidos de la oposición, los empresarios y demás organizaciones de la sociedad civil significativas, nos pongamos a trabajar para lograr un acuerdo de amplio soporte social que tranquilice las aguas y nos permita construir el territorio sostenible y de calidad que los valencianos y nuestros visitantes desean y merecen.

 

No busquemos culpables, creemos futuro, y en una situación como la actual nada es más importante que una estrategia de ordenación del territorio de amplio soporte social y político y serio sustento científico.

 

Yo creo firmemente en la sociedad valenciana, en su creatividad y sensatez, en el vigor de nuestros empresarios, en el sentido común, voluntad y capacidad de diálogo de nuestros políticos, en la flexibilidad y capacidad de trabajo de nuestros ciudadanos, y estoy convencido de que nos crecemos en la adversidad. Hagamos, pues, de esta situación adversa un motor de superación para todos y con todos, sin exclusiones.

(070605)-invertir-en-medio-ambiente-una-necesidad-para-el-desarrollo_las-provincias.pdf