Comunicado de Prensa
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en relación con la aprobación el 8 de abril de 2010 del dictamen sobre el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, manifiesta:
1. Consideramos inaceptable que el proyecto de texto estatutario castellano-manchego, cuyo dictamen fue aprobado el pasado jueves, siga haciendo referencia, de forma implícita o explícita, a reservas hídricas y a caducidad de trasvases que ponen en peligro la garantía de suministro de agua a varias regiones de España, entre ellas a la Comunidad Valenciana.
2. Es urgente, inaplazable y prioritario que se alcance un Pacto de Estado en materia hídrica en nuestro país, que:
a) debe fundamentarse en criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad abandonando los intereses partidistas y/o territoriales (El agua: una cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana).[1]
b) debe producirse entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y con participación de todas y cada una de las Comunidades Autónomas, sin exclusiones, prejuicios ni posturas apriorísticas.
c) debe tener en cuenta que el agua es un bien de todos los españoles, escaso y al que todos tenemos derecho.
3. Consideramos necesario que la clase política española en general y los gobernantes en particular, asuman su responsabilidad y aparquen cualquier modificación legislativa que afecte o pueda afectar en el futuro a los recursos hídricos de nuestro país, hasta que se alcance dicho Pacto de Estado en materia hídrica.
4. Recordamos y nos reafirmamos en lo que dijimos en nuestro Documento Agua y Estatutos de Autonomía. El caso castellano-manchego[2]:
a) “no es de recibo que cada Comunidad Autónoma pretenda legislar en beneficio propio en una cuestión tan vital y sensible sin tener en cuenta las necesidades y problemáticas de las regiones vecinas y olvidando que el agua es un bien de y para todos los españoles”.
b) “el sistema hidrológico español sólo puede gestionarse de forma razonable por el gobierno de la nación, tal y como establece la Constitución Española, el ordenamiento jurídico en materia de agua y aconseja el sentido común, y deben ser los intereses de todos los españoles los que orienten su acción”.
c) “Existen sólidas razones jurídicas y técnicas que hacen inviable la aplicación de esta reserva. Las reservas de agua deben vincularse a aprovechamientos concretos y en plazos determinados y le corresponde al Estado insertarlas en la planificación hidrológica”.
d) “resulta imprescindible que la sociedad civil valenciana y su clase política se posicione de manera firme y unitaria ante la pretensión de Castilla La Mancha”.
5. Los distintos intentos de regulación de los asuntos hídricos por varias Comunidades Autónomas, además de infringir la vigente legislación, están generando una tensión entre territorios que debe ser atajada de inmediato. El Gobierno de España debe tomar cartas en el asunto de forma decidida y urgente y gestionar el sistema hidrológico español, como dicta la Constitución, garantizando el reparto justo y equitativo de los recursos hídricos y el acceso a los mismos por parte de todos los españoles.
6. Queremos llamar la atención de la Sociedad Civil valenciana, de empresarios, de los Partidos Políticos valencianos, de los medios de comunicación, de los Sindicatos, de las Universidades y en general de toda la ciudadanía, sobre los perjuicios irreparables que la aprobación del proyecto de Estatuto de Castilla La Mancha, en los términos en los que actualmente está redactado, podrían suponer para el desarrollo de la Comunidad Valenciana. Es imprescindible una unidad de acción colectiva, dejando de lado intereses partidistas o particulares.
[1] Documento publicado por AVE en abril de 2008
[2] Documento publicado por AVE en febrero de 2010
