Hoy ha tenido lugar una nueva sesión interna de trabajo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) bajo el título “La tecnología y la innovación como futuro de la Comunidad Valenciana” en la que César Camisón, Catedrático de Organización de Empresas de la Universitat de València, ha presentado el estudio “Los factores de crecimiento de las empresas de base tecnológica e innovadoras de la Comunidad Valenciana”.

La sesión ha sido inaugurada por Vicente Boluda, Presidente de AVE.

La sesión ha destacado la importancia de empresas con alto potencial de crecimiento y de base tecnológica y/o innovadora en la economía valenciana. Seguidamente, se han analizado los factores determinantes del crecimiento acelerado de las empresas de base tecnológica o innovadora, que les han permitido romper los techos de cristal que usualmente las confinan al tamaño de microempresas.

En la jornada han participado Francisco Pons, Presidente de Importaco, Alberto Gutierrez, Co fundador de Plug and Play Spain, e Iker Marcaide, Fundador de Peer Transfer como tres casos de éxito que representan las distintas realidades empresariales, tanto de start-ups que han mantenido casi desde la fundación un alto crecimiento, como de empresas consolidadas que en cierto momento han logrado rejuvenecer y una ruptura al alza de la tasa histórica de expansión.

Las empresas con alto potencial de crecimiento y de base tecnológica y/o innovadora son actores fundamentales para el progreso de una economía, por sus positivos efectos en cuanto a emprendedurismo, avance hacia modelos de región innovadora y la economía del crecimiento, y capacidad de creación de empleo.

Ante la dura crisis por la que atraviesa el país y la estrategia de austeridad aplicada, es comprensible que las inversiones públicas se hayan resentido sensiblemente. Pero no se entiende que el gobierno se justifique con argumentos de estricta racionalidad económica y al mismo tiempo el ministerio de Fomento asigne los recursos destinados a inversión a proyectos de dudosa viabilidad económica, posponiendo inversiones que contribuirían al desarrollo de la economía española y reforzarían la recuperación en marcha.

Entre los proyectos cuya ejecución tiene intención de posponer, destaca la modernización de la línea ferroviaria Valencia-Zaragoza, una inversión de escasa cuantía y gran capacidad vertebradora de la economía productiva española. Sin olvidar que sobre el proyecto con mayor impacto sobre la economía nacional, el Corredor Mediterráneo, se están sembrando dudas sobre los plazos de ejecución.

Algo que no sólo sería económicamente irracional, dada su implicación para el desarrollo económico del país y la disponibilidad de recursos europeos para su instalación, sino social y políticamente inaceptable para la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Pro-AVE ha demostrado que no se mueve por un egoísmo de cortas miras, sino por criterios de racionalidad económica, con el desarrollo de la Comunidad Valenciana y de España como valores de referencia. Reivindicamos en su momento la ejecución del AVE Madrid-Comunidad Valenciana al considerarlo un proyecto rentable y fundamental para el desarrollo nacional. La realidad nos está dando la razón. Hemos defendido con argumentos económicos la necesidad del Corredor Mediterráneo como eje estratégico de una política económica transformadora del sistema productivo nacional. Y en un contexto de serias dificultades presupuestarias, hemos apoyado el tercer carril, una alternativa provisional, pero sensata.

En esta misma línea de racionalidad económica y sensatez, defendemos con igual fuerza la necesidad de llevar a cabo una inversión modesta, en torno a 40 millones de euros, que permitiría la modernización y mayor operatividad de la línea Valencia-Zaragoza. Y precisamente porque nuestra demanda se sustenta en buenas razones económicas y sociales, no podemos aceptar la postura del ministerio, que no hace mucho en Valencia nos informó de que en su departamento se trabaja para llevar adelante este proyecto, pero a medio plazo.

Es precisamente ahora, con la reactivación en marcha y la necesidad de apuntalarla mejorando la competitividad y la diversificación del sistema productivo español, cuando obras de incidencia económica y escaso presupuesto, como esta, más necesarias son. Posponerlas no sólo significa una mala decisión económica, sino un síntoma de desorientación estratégica.

Como se puso de relieve en la reunión que con la Presidenta de Aragón tuvo lugar en Valencia, organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios, existe un sentir unánime a nivel empresarial y político en ambas comunidades sobre la necesidad y trascendencia de la modernización de la línea ferroviaria que une a ambas comunidades.

En lo que al mundo empresarial valenciano respecta, está convicción es patente; y creo expresar el sentir de los representantes de las organizaciones empresariales al decir que estamos dispuestos a hacer lo necesario para que el proyecto se lleve a cabo sin tardanza. ¡No es comprensible que el gobierno de España haga oídos sordos a una inversión de unos 40 millones de euros que cuenta con tan importante y justificado respaldo de las fuerzas vivas de dos comunidades tan importantes como la valenciana y la aragonesa!

Como ya hemos puesto de manifiesto en otro momento, los motivos que llevan a Pro-AVE a reivindicar la rápida ejecución de este proyecto son varios y de gran impacto económico, a corto, medio y largo plazo:

1. Mejorará la conectividad entre los puertos valencianos y la principal plataforma logística del sur de Europa, la de Zaragoza-Plaza. Al ser el complejo portuario Valencia-Sagunto la salida natural al mar de la Comunidad de Aragón, y el de Valencia el principal puerto del Mediterráneo en tráfico de contenedores, es evidente que la competitividad de dicha economía mejorará con esta pequeña inversión.
2. Supone crear una nueva salida ferroviaria al Mediterráneo de Aragón, Navarra, Logroño y el País Vasco, donde se localiza una parte muy importante del sector automovilístico español. Esta salida ha sido reivindicada en múltiples ocasiones por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, dado que mejoraría la capacidad competitiva del sector, acercaría sus productos al mercado del sur de Europa y África y favorecería las exportaciones.
3. Dará un espaldarazo al tráfico ferroviario y al tráfico multimodal, tan necesario en este país, e impulsará al puerto interoceánico de Valencia, un importante motor de la economía valenciana y una infraestructura fundamental para el futuro desarrollo de España.
4. Contribuirá a la creación de una red de plataformas logísticas susceptible de hacer a España más atractiva para la inversión extranjera directa.
5. Contribuye a la integración de los dos ejes de desarrollo con más potencial de crecimiento del país: el eje mediterráneo y el del Valle del Ebro, verdaderos motores del crecimiento económico español.

Si el gobierno de España ha hecho de la reactivación sostenible de la economía española y la creación de empleo sus máximas prioridades, sería injustificable que no diese la máxima prioridad a proyectos que, como la modernización de la línea ferroviaria Valencia-Zaragoza, contribuyen tanto a la competitividad de la economía española como a su integración. No sería de recibo que se hayan licitado en el primer cuatrimestre del año actual 1.387,7 millones de euros en proyectos de alta velocidad de muy dudosa rentabilidad y, un proyecto de impacto económico que contribuye a la competitividad del país, que está en condiciones para ser licitado rápidamente y que sólo requiere de una inversión de 40 millones, tenga que esperar años.

Pedimos sentido común, racionalidad económica y más diligencia en las decisiones del gobierno en materia de infraestructuras. Se lo deben a España, que necesita explotar todas sus oportunidades económicas para generar crecimiento sostenido y empleo, y a la Comunidad Valenciana, que tan mal tratada sigue estando en materia de inversiones y de financiación por los sucesivos gobiernos de la nación.