Los presidentes de AVE, las Cámara de Comercio de la Comunidad Valenciana, la Cámara de Contratistas, CEC, CEV, CIERVAL, Coepa, Fecoval y la Fundación PRO AVE  han comparecido ante los medios de comunicación de forma conjunta para presentar el documento «Infraestructuras estratégicas y reactivación sostenible»  en el que las organizaciones empresariales y cámaras valencianas reclaman:

• Demandan mayor equidad en la distribución de los recursos públicos
• Solicitan que se apueste por una estrategia de crecimiento económico sostenido y sostenible informada por la racionalidad económica en el uso de los recursos públicos, de impulso de la competitividad, la productividad y el empleo de calidad, pensando no sólo en los intereses de la Comunidad Valenciana sino en el desarrollo de España
• Cuentan, con la legitimidad que aportan la justicia distributiva, la racionalidad económica y la búsqueda del interés general, criterios que el gobierno central no parece haber tenido en cuenta hasta ahora
• Esperan que los PPGGEE que se presentarán en las próximas semanas, vean reflejadas mejoras muy importantes en materia de inversión, infraestructuras y compensación a la infrafinanciación a la que estamos sometidos.

A continuación puedes consultar el texto completo del documento:

Desde hace mucho tiempo existe la opinión en el resto de España de que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana hemos hecho de la queja lastimera infundada un arma reivindicativa frente al gobierno de España. Y por parte de los gobernantes nacionales la creencia de que este es un pueblo blando que traga con lo que le echen. Pero ni lo primero se corresponde con la realidad, ni lo segundo puede consentirse, por dignidad.

Que la Comunidad Valenciana ha sido discriminada históricamente, y de manera particular en los últimos años, es algo irrefutable. La discriminación en materia de financiación de esta Comunidad está científicamente demostrada y políticamente aceptada, afectando a la provisión de servicios públicos básicos. Las inversiones en infraestructuras por parte del gobierno central están muy lejos de lo que por población nos corresponde. Basta con ver que la inversión media por habitante del gobierno central en los últimos quince años representa apenas el 75% de la media nacional, y que la licitación de obra pública per cápita en los últimos cuatro no llega al 45% de la media de España. De acuerdo con este criterio, el déficit de inversión en infraestructuras de la Administración central en la Comunidad Valenciana en los últimos quince años, ascendería a unos 7.000 millones de euros.

Pero el problema que acabamos de denunciar no es sólo de discriminación, sino también de eficiencia y eficacia económica. Dada la localización y capacidad económica de la Comunidad Valenciana, así como su posición estratégica y la de sus puertos en las grandes rutas del tráfico mundial, la baja calidad de las infraestructuras ferroviarias y logísticas y la agobiante lentitud en mejorarlas no sólo supone una desventaja competitiva, que afecta a nuestra capacidad exportadora, sino la pérdida de oportunidades para cambiar nuestro modelo económico y elevar la renta, el empleo de calidad y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Pero lo más preocupante es que la miopía política de nuestros responsables públicos nacionales les impide percibir la capacidad de arrastre y transformación de la economía nacional que tienen algunas infraestructuras estratégicas de la Comunidad Valenciana. Porque si bien la ministra de Fomento y el mismo presidente del gobierno han dado muestras de entenderlo y prometieron dar una pronta solución, lo cierto es que ni han cumplido, ni hay signos de que exista una rápida solución a los estrangulamientos que sufrimos en materia de infraestructuras ferroviarias. El poco peso de la racionalidad económica entre los criterios que informan la política pública del país y el horizonte temporal de corto plazo que guía la acción de gobierno, nos hacen dudar de que el agravio se resuelva. Y es en estos casos cuando la sociedad civil debe llenar el vacío dejado por los responsables públicos. Sólo así es posible recuperar la dignidad de los valencianos y forjar una estrategia económica de largas miras.

Muchas son las inversiones en infraestructuras de gran relevancia para la competitividad y el crecimiento de la economía de nuestra región, pero la máxima prioridad desde la perspectiva del desarrollo económico la tienen las de carácter ferroviario. Tanto por su incidencia económica en el medio plazo y su importancia medioambiental y económica en el largo plazo.

La primera y más relevante es el Corredor Mediterráneo, tanto para el tráfico de mercancías como pasajeros. A la luz de la experiencia y la dificultad existente para la implantación del tercer carril, resulta cada vez más evidente que el AVE regional, con prolongación a Tarragona, es fundamental para la puesta en funcionamiento de la conexión con Europa en ancho internacional para el tráfico de mercancías. Esto constituiría, además, un factor de integración y desarrollo del principal espacio turístico del país: el Arco Mediterráneo. Es inaudito que en pleno siglo XXI, y cuando tantas líneas de alta velocidad que nunca serán rentables, ni económica ni socialmente, se están construyendo en el país, el Arco Mediterráneo no disponga de esta infraestructura y desplazarse entre la segunda y la tercera ciudad del país (Barcelona y Valencia) lleve más de tres horas.

La implantación del AVE regional desde Alicante a Castellón, con prolongación a Tarragona constituye una inversión no sólo rentable financieramente, sino fundamental para la integración de la Comunidad Valenciana y estratégica para la mejora de la calidad de la oferta turística del país. Una actividad, la turística, que no sólo es la más importante de España y cuenta con un futuro prometedor si las cosas se hacen bien, sino que requiere de una mayor atención al entorno y a la conectividad para desplegar todo su potencial de desarrollo e impulsar un turismo de mayor calidad y valor añadido. A todo lo cual se une el que la inversión necesaria es muy modesta al estar ejecutada una parte fundamental de la inversión entre Font de la Figuera y Valencia y ser muy llano el trazado entre Valencia, Castellón y Tarragona.

Pero la operación más importante es la conexión con el centro, norte y este de Europa en ancho europeo para el tráfico de mercancías. No sólo porque esto permitiría incrementar la competitividad de la economía valenciana, sino porque supone una gran oportunidad de impulsar un profundo y amplio proceso de transformación del sistema productivo por mediación de la desviación de una parte del tráfico de mercancías que circula entre el centro y norte de Europa y Asia. Este proceso no sólo supondría un gran impulso al tráfico de mercancías de los puertos e infraestructuras viarias terrestres, especialmente el ferrocarril, sino el desarrollo de actividades logísticas, de servicios de alto valor añadido y de nuevas actividades manufactureras a impulsos de dicho tráfico. En un momento en que la reactivación económica está en marcha, un proceso de tales características constituiría un motor de cambio estructural del que tan necesitada está la economía española para garantizar la sostenibilidad del crecimiento, la elevación del valor añadido per cápita y la creación de empleo de mayor calidad.

Evidentemente, para que este potencial de desarrollo se despliegue plenamente es necesario habilitar plataformas logísticas y mejorar los accesos ferroviarios a los puertos de nuestra región, algo a lo que el gobierno de España está también dando largas, como se deduce de la ausencia de proyectos de inversión destinados a tales menesteres y su no consideración entre los proyectos presentados al Programa Conectando Europa de la Comisión Europea.

Aunque se trate de un proyecto de menor entidad e impacto económico, la escasa inversión requerida y su trascendencia para la integración del mercado nacional y de dos ejes de desarrollo fundamentales, como el Eje Mediterráneo y el Valle del Ebro, hace de la modernización de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto una actuación fundamental para elevar la competitividad y dinamismo del sistema productivo español. Y si bien los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana, las organizaciones empresariales representativas del clúster automovilístico y el mundo empresarial y cameral valenciano y aragonés lo han reivindicado insistentemente, el gobierno de España ha hecho caso omiso a tal demanda.

El colofón a tal miopía y ausencia de una estrategia de desarrollo a largo plazo lo ha sido la apuesta del gobierno central por el Corredor Atlántico frente al Corredor Mediterráneo, por los accesos ferroviarios a los puertos de Barcelona y Bilbao frente a los de la Comunidad Valenciana y por el tramo Bilbao-Vitoria del Corredor del Cantábrico frente a la línea Zaragoza-Sagunto en la selección de proyectos a financiar con ayuda europea.

Ante una situación de esta naturaleza, la reivindicación del mundo empresarial y cameral valenciano no puede ser blanda. La nuestra no es sólo una demanda de mayor equidad en la distribución de los recursos públicos. Es una apuesta por una estrategia de crecimiento económico sostenido y sostenible informada por la racionalidad económica en el uso de los recursos públicos, de impulso de la competitividad, la productividad y el empleo de calidad, pensando no sólo en los intereses de la Comunidad Valenciana sino en el desarrollo de España. Contamos, pues, con la legitimidad que aportan la justicia distributiva, la racionalidad económica y la búsqueda del interés general, criterios que el gobierno central no parece haber tenido en cuenta hasta ahora.

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